El 11 de diciembre fuimos a una manifestación. Fuimos a ejercer un derecho fundamental, convencidas de que estar juntas, en un espacio público, era seguro. No lo era.

Al finalizar la manifestación, cientos de personas permanecieron frente a la Asamblea de la República. El ambiente era tranquilo. No hubo enfrentamientos, ni avisos, ni órdenes de dispersión. Y, aun así, sin previo aviso, la policía comenzó a disparar contra todas las personas que se encontraban allí.

Nadie sabía que podría haber disparos. Había personas de todas las edades. En pocos minutos, un momento de participación ciudadana se convirtió en una escena de pánico, miedo y sangre. Cinco personas recibieron disparos en la cabeza. Diez recibieron impactos en otras zonas vitales del cuerpo, como el pecho, el torso y el cuello.

Es difícil explicar lo que supone darse cuenta de que uno podría haber muerto allí. De que podría haberse quedado ciego. De que podría haber salido de allí para siempre diferente. Todas estábamos allí simplemente manifestándonos. Y fue por pura suerte que eso no ocurrió.

Los disparos comenzaron alrededor de las 19:37 y continuaron durante casi una hora. Nos socorrieron primero otras personas que estaban en la manifestación y, más tarde, los equipos de emergencia. La acera frente a la Asamblea quedó cubierta de sangre. Una a una, las víctimas subían presas del pánico a las ambulancias tras haber recibido disparos.

Además de los disparos, muchas personas fueron agredidas violentamente con porras. Hubo quienes salieron con hematomas profundos, dolores intensos y lesiones graves. La mayoría de las víctimas tuvieron que ir al hospital esa misma noche. A algunas les pusieron puntos y les hicieron pruebas urgentes. Otras tienen informes médicos que demuestran que las marcas en el cuerpo fueron causadas por agresiones.

Han pasado meses y todavía hay quienes viven con las consecuencias de aquel día. Hay quienes han perdido la audición. Hay quienes tienen dificultades para concentrarse, dolores constantes en el cuerpo y fuertes dolores de cabeza. Hay heridas que no se ven, pero que siguen muy abiertas.

Hemos creado esta campaña porque sabemos que esto no fue normal, no fue aceptable y no fue legal. Y porque sabemos que, si guardamos silencio, puede volver a ocurrir, ya sea con nosotras o con otras personas.

Ya contamos con el apoyo de abogados y vamos a presentar una demanda colectiva para exigir responsabilidades. No lo hacemos por venganza. Lo hacemos porque creemos que nadie debería tener miedo de salir de casa para manifestarse. Porque nadie debería salir de una manifestación con una bala en el cuerpo.

El grupo cuenta con el asesoramiento de dos abogados y vamos a presentar tres denuncias: ante el tribunal administrativo, una denuncia por delito ante el DIAP (Departamento de Investigación y Acción Penal) y un procedimiento disciplinario ante la IGAI (Inspección General de la Administración Interna). Tendremos que pagar 1.500 euros al abogado ya en febrero para que pueda iniciar el proceso, y prevemos que el importe total pueda alcanzar los 5.000 euros, dependiendo del tiempo que pueda llevar concluir el proceso.

También solicitaremos asistencia jurídica gratuita para evitar más gastos asociados, en caso de que, por ejemplo, el juez solicite peritajes o tengamos que presentar un recurso.

Durante el último mes hemos estado intentando recuperarnos de esta auténtica pesadilla. A algunas de nosotras nos llevó semanas poder dormir sin revivir lo ocurrido. Tres de las víctimas concedieron una entrevista en televisión, con imágenes grabadas ese mismo día, que ayudaron a dar a conocer una realidad que mucha gente desconocía.

Esta campaña trata sobre nosotras, pero también sobre todas las personas que han sufrido violencia policial y nunca han tenido los medios para defenderse.

Si puedes colaborar, cualquier cantidad ayuda. Incluso una pequeña aportación marca la diferencia. Si no puedes hacer una donación, te pedimos que compartas esta campaña. La visibilidad también es una forma de protección.

Estamos vivas. Y por eso no nos vamos a quedar calladas. Gracias por ayudarnos a transformar el miedo en justicia.

ACTUALIZACIONES hasta el 12/09/2026:

-Denuncias ya presentadas:

• ante la IGAI y la DIAP. (Aún falta presentarlas ante el Tribunal Administrativo)

-Eventos de recaudación de fondos, organizados por las víctimas y/o sus aliados:

• «El cuerpo es el que paga», 24/04/26, Casa do Comum, Lisboa
• «El cuerpo es el que paga», 5 de marzo, Casa Capitão, Lisboa
• 21/02/26 en el RDA, Lisboa
• 4 de julio de 2026, Benefit en Oporto

-Importes ya pagados:

• 1500 en marzo de 2026
• 1000 en junio de 2026