I. es un trabajador migrante que llegó a Rumanía con la esperanza de conseguir un empleo seguro y legal. Firmó un contrato, convencido de que el empleador seguiría todos los trámites necesarios para obtener el permiso de trabajo y presentar la documentación ante la Inspección General de Inmigración (IGI). Sin embargo, el empleador le engañó.

Aunque I. cumplió con su parte, el empleador no presentó los documentos ante las autoridades. La ley es muy clara: la obligación de presentar los documentos y de obtener el permiso de trabajo recae exclusivamente en el empleador, no en el trabajador extranjero. I. no tenía ninguna posibilidad legal de presentar los documentos por su cuenta:

Art. 4, (1) El permiso de trabajo será expedido por la Inspección General de Inmigración a petición del empleador si se cumplen las condiciones generales previstas en el apartado (2) y las condiciones especiales previstas en la presente ordenanza en función del tipo de trabajador. - Ordenanza 25/2014

Cuando empezó a sospechar que algo no iba bien, I. acudió personalmente a la IGI para obtener aclaraciones. Allí recibió en el acto una decisión de retorno, al ser considerado en situación irregular.

Ahora I. tiene 15 días para abandonar el país o 10 días para recurrir la decisión.

I. mantiene a una familia, incluidos dos niños pequeños menores de 3 años, que dependen de sus ingresos. Quiere quedarse, trabajar legalmente y continuar su vida aquí. Pero para ello necesita nuestra ayuda.

¿Por qué es importante el caso de I.?

La situación de residencia ilegal involuntaria, debida exclusivamente a los empleadores o las agencias, es muy común entre los trabajadores migrantes. El caso de I. puede sentar jurisprudencia y ayudar a muchos otros trabajadores que sufren la misma injusticia.

¿Qué necesita I.?

El acceso a la justicia para un trabajador migrante supone numerosas barreras: no conocen el idioma, no conocen a abogados especializados en migración, son muy fáciles de engañar, los plazos son muy cortos, no disponen de medios económicos. CRJ mediará en este proceso, a través de un abogado de su elección, con experiencia en migración.

Para defender sus derechos, son necesarias dos acciones legales distintas:

Recurso contra la decisión de retorno emitida por el IGI

Acción contra el empleador por los daños sufridos

Hay posibilidades reales de éxito, pero los procedimientos son costosos y largos. Se necesitan 600 EUR + IVA para cubrir los gastos de representación y la iniciación de los procedimientos/cada acción judicial.

Cualquier contribución ayuda a I. a continuar con su vida en Rumanía y a mantener a su familia.